Mitos y verdades Por: Marcelo Sivera - Ilustración: Gabriel Fernández.DIARIO LOS ANDES. Domingo 1 de julio de 2007. MENDOZA. ¿Quedó con vida la minería mendocina luego de la ley que prohíbió el uso del cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico?. La nueva ley mendocina es la más dura que impera en todo el territorio de la República Argentina, por encima de otras normas restrictivas vigentes en Río Negro, Tucumán y La Rioja. Pero, así y todo, sus prohibiciones no golpean en forma directa a ninguna explotación presente, si bien derrumban a casi todos los proyectos futuros.

Se podría decir que los cortes de energía y de gas -que ya han provocado 300 suspensiones de personal o adelanto de vacaciones en mineras de Las Heras y Malargüe- castigan más -en lo inmediato- a la minería mendocina y a sus 2.200 obreros, que la última ley aprobada en la Legislatura mendocina.

Es que la normativa que prohíbe el uso de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico no toca a la actividad minera denominada "no metalífera", y esto deja "a salvo" el cemento de Minetti en Las Heras; la molienda de yeso, bentonita y mineral en 20 empresas de San Rafael, Malargüe, Luján, Maipú y Las Heras; la fabricación en Panquehua de cemento expandido (Edile) que se exporta a Brasil y a Europa y la producción de áridos (arena y ripio) de las firmas Sargo, Camiletti u Horizonte.

Está "a salvo" también el trabajo de los 400 obreros yeseros en Knauf, Pesio, Durlock, Yemaco o Santisteban; el trabajo del mármol en Sagitario o Puromármol y el de la piedra caliza que se exporta a Chile desde San Rafael. No perjudica a la planta de carbón residual de Luján (Gassul); la de carbonato de calcio en Maipú (Geoquímica Industrial) y los cuatro laboratorios de mineralogía (ubicados sobre o en los alrededores del carril Rodríguez Peña) que realizan los muestreos del oro y cobre extraído en otras partes del país.

Tampoco se ven afectados los puestos de trabajo de 60 vecinos del barrio La Favorita que muelen mineral en la empresa Santecchia o trabajan las rocas ornamentales en Verdasco, a un paso del Cerro de la Gloria.

El sector

La minería mendocina (aún restringida al área no metalífera o "minería menor") se las ha arreglado en los últimos quince años para crecer hasta duplicarse y aportar al Producto Bruto Geográfico de la provincia un valor que siempre se mantuvo por encima del que ofrecieron los sectores agropecuario; electricidad, gas y agua; construcción y transporte y comunicaciones. Incluso se las compuso para alcanzar y superar al valor del sistema financiero provincial.

La actual minería mendocina seguirá igual que antes de la promulgación de la ley y nada de lo que está hoy en actividad se vendrá abajo. Pero no es poco lo que tambalea y corre el riesgo de caerse: es , ni más ni menos, que el futuro del sector.

A pesar de lo que se ha dicho, la nueva ley no entorpece al proyecto de gran minería (no metalúrgica) de sales de potasio de Río Colorado en Malargüe (ya que no prevé el uso intensivo de cianuro, mercurio o ácido sulfúrico). Este proyecto apunta a producir 2,4 millones de toneladas de cloruro de potasio para fertilizantes. Aquí la inglesa Río Tinto estima facturar ¡un millón de dólares por día durante 40 años! y sobre ella también existen reclamos de las organizaciones ambientalistas Nativa, de San Rafael, y Alihuen, de La Pampa, que cuestionan "el pasivo ambiental que quedará al formarse grandes extensiones de sal en superficie".

En donde la ley sí tiene un impacto demoledor es en el desarrollo del plan nuclear en Sierra Pintada (San Rafael) ya que el ácido sulfúrico es necesario para la explotación del uranio. También paraliza la marcha hacia la explotación de oro en La Cabeza (Exeter) y Cerro Amarillo (Latin American) en Malargüe y la de cobre en San Jorge, Las Heras y en Anchoris-Cerro Nevado, San Rafael. El funcionamiento de todos estos yacimientos podría llegar a multiplicar por diez el volumen actual de la actividad minera local.

La malquerida

En gruesos sectores de Mendoza la minería comenzó a recibir el tratamiento que tuvieron la cárcel, los crematorios, las plantas de deshechos patológico y los cementerios y que aún tienen los pobladores de villas erradicadas que son trasladados a nuevas viviendas: a todos les parece bien que estén, pero nadie los quiere cerca.

Los piquetes y los cortes de rutas surgieron en ambos lados de una polémica: ambientalistas "incentivados" por bodegas, embotelladoras de agua mineral y empresas de turismo (EN ESTO LA PIFIÓ MAL EL COLUMNISTA. EN SAN CARLOS SOLO EL VALOR DE LA VIDA QUE NOS VIENE DEL AGUA NOS MOTIVO. Ni una sola bodega ni empresa puso los huevitos en la calle, ni tampoco nos motivó)y obreros mineros "alentados" por empresas mineras.

En torno a la minería mendocina se vive un momento de discusiones tan fuertes que los argumentos "científicos" en favor o en contra del cianuro son tan sospechosos de parcialidad como la inflación del Indec. "Hace 30 años que no hay un muerto por cianuro en la minería en todo el mundo; hoy el riesgo de contaminación es mínimo por el uso de arcillas y plásticos y -en el caso improbable de accidente- existen procedimientos de remediación satisfactorios", dicen en las mineras.

"Vienen de afuera, destruyen la naturaleza, contaminan, pagan pocas regalías, aprovechan privilegios fiscales, dejan un boquete y se llevan ganancias millonarias", afirman entre los ambientalistas.

La Asamblea Mendocina por Agua Pura, Asamblea Popular, Vecinos Autoconvocados, Cámara de Turismo y ONGs como Nativa, Oikos y Cullunche, se ubican en un rincón del ring. La Cámara Minera y la Asociación Obrera Minera Argentina, en el otro.

Detrás de los reclamos contra la "contaminación minera" aparecen empresas del agua (Danone, Nestlé), del vino (La Celia, Lurton, Fournier) y del turismo (Villavicencio). Y tras el impulso de la actividad minera como "promotora del desarrollo en zonas inhóspitas" aparecen las grandes mineras mundiales Río Tinto, Tenke o Barrick.

Una actividad que quiere despegar en la provincia (la minería metalífera) choca con otras que ya han arrancado hace mucho tiempo (vitivinicultura, agua mineral, ganadería, turismo) y que no quieren "vecinos molestos". La minería metalífera pide pista para aterrizar en Mendoza, pero desde abajo le apagan las luces de la pista de aterrizaje de El Plumerillo.

De ambos lados se juegan inversiones millonarias. Nombres como Chandon, Toso, Navarro Correas, Bianchi, Diageo, Allied Domecq, Leoncio Arizu, Peñaflor, Viniterra o Trivento son parte de los 1.500 millones de dólares que invirtió la vitivinicultura en la última década. Nombres como Río Tinto, Depromin, Barrick, Shell Capsa y otros preparan otros 1.500 millones de dólares de inversión. "Malbec o cianuro", dicen de un lado. "La vitivinicultura también usa cianuro para filtrar tintos", contestan del otro. "Agua de riego lejos de la contaminación minera", reclama un viñatero . "Las viñas salinizan el agua", denuncia un minero.

En el medio de la discusión, 6 mil personas concentradas en San Carlos y otras tantas en General Alvear. El tema ambientalista demostró ser tan o más convocante para la gente que el de la inseguridad.

Por si fuera poco, la discusión se agrega a conflictos anteriores, como la disputa legal sobre Paramillos y la increíble presencia de una ley que no se deroga ni se aplica: aquélla que establece que el poder concedente minero lo tiene el Poder Judicial (que no lo quiere recibir) y que debe ser transferido por el Poder Ejecutivo (que no lo quiere entregar), ante una Legislatura que no modifica ni anula una ley que no se aplica.

Las puebladas "anti-mineras" con cortes de rutas de San Carlos y General Alvear; la ampliación del área protegida Laguna del Diamante, la suspensión del permiso de exploración y cateo para los emprendimientos mineros y la prohibición del uso del cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico (sólo en la minería), contrastan abiertamente con los cortes de rutas de obreros mineros en Luján de Cuyo para apoyar la actividad y con los pronunciamientos promineros de Malargüe y Las Heras.

La discusión ha puesto en evidencia un protagonismo de agentes económicos (empresas) y sociales (ONG) muy superior al de los agentes políticos (funcionarios y legisladores). Estos últimos parecieron meros voceros de los dos primeros y sus posturas se movieron al ritmo de la pulseada. Entre el Cobos prominero de la primera época y el ambientalista de la última, hubo estadios intermedios que transitaron por un veto a las suspensiones y terminaron con la promulgación de las prohibiciones más duras.

Las idas y venidas se devoraron a dos directores de minería (Fallet y Monjo) y alternaron reuniones con inversores mineros en Santiago de Chile, Toronto, Nueva Delhi y Shangai con mensajes de adhesión oficial a asambleas de autoconvocados en Eugenio Bustos y General Alvear. En Mendoza no se vio un Estado que marcara la cancha y -por lo tanto- la discusión deambuló desordenada entre la celebración por el arranque de la actividad "que trasladará el eje central de desarrollo argentino desde la Pampa Húmeda a la cordillera de los Andes" y la condena "al desastre ambiental que provocará al país el negocio de unas pocas mineras internacionales".

El debate próximo

En nuestra provincia la aprobación de la última ley no parece haber cerrado ninguna discusión, sino -por el contrario- parece haberla incentivado (las mineras estudian recursos judiciales). Está claro que hay una defensa generalizada a la protección del medio ambiente (que involucra incluso a algunas empresas mineras) y también está claro que existe una intención mayoritaria en favor de una minería no contaminante (que involucra incluso a algunas bodegas y alimenticias).

Hoy a las mineras metalíferas les quedan cuatro caminos: O descubren nuevos métodos de explotación de cobre, oro y uranio que no empleen cianuro, mercurio o ácido sulfúrico (propuesta ambientalista); o consiguen que se establezcan por acuerdo lugares muy delimitados donde (vía modificación parcial de la ley) se permita el uso de los métodos hoy prohibidos en toda la provincia (propuesta del gremio minero) o logran demostrar a toda una comunidad que los mecanismos de prevención y remediación actuales son suficientes para evitar y resolver cualquier accidente ambiental y por lo tanto se puede modificar o derogar la ley aprobada (propuesta de las mineras mismas) o van a la lucha judicial pidiendo la inconstitucionalidad de la norma.

En todos los casos, las grandes mineras se verán obligadas a encarar una difícil tarea de comunicación masiva tendiente a convencer a una sociedad que pone fuertes reparos y condiciona su presencia. El del cianuro es sólo uno de los temas de discusión. Aún falta el del uso del agua, donde seguramente habrá una polémica mayor. Es que la nuestra es una provincia con recursos hídricos limitados y prioridades de uso ya establecidas (población, agro e industria) que sólo le dejan un cuarto puesto a la minería.

Aunque se corra el riesgo de que San Juan -con su perfil minero- pueda alcanzar y hasta superar por un tiempo en Producto Bruto Geográfico a Mendoza en los próximos años, nuestra provincia eligió transitar un camino más largo y con un perfil económico más diversificado, que implica necesariamente discusiones entre sectores nuevos y viejos de la economía.

En los ´90 se creía que toda llegada de inversión era en sí misma un hecho positivo. Pero luego se comprobó que muchas de esas inversiones no aportaron crecimiento a la economía, sino un traslado de riqueza (por ejemplo un híper que surgía y almacenes que cerraban), que daba lugar a una economía de tamaño similar, pero más distorsionada. La discusión existente en Mendoza sobre la minería deja en claro que hoy ya se generalizó en la población la convicción de que, para que una nueva inversión implique un crecimiento positivo, se debe aceptar y respetar lo existente y sumarse sin pretender sustituirlo o perjudicarlo.